A punto de vencerse se encuentran las órdenes de captura proferidas contra los exdirectivos de la Universidad Metropolitana, Carlos Jaller Raad e Ivonne Acosta de Jaller, tras casi un año de haber sido expedidas pero que no se han hecho efectivas.

Así lo advirtió el apoderado de la Unimetro, Alejandro Arcila, recordando que las órdenes fueron emitidas el 25 de febrero de 2022 contra Carlos Jaller Raad, Ivonne Acosta, Manuel Raad Berrío, Jorge Luis Hernández Cassis y Dorina Tapia Turizo.

Hernández Cassis y Dorina Tapia se encuentran cobijados con detención domiciliaria. A esta última le fueron embargados 14 bienes inmuebles, por 5 mil millones de pesos, “que fueron adquiridos en el mismo tiempo en que Carlos Jaller fuese Rector de la Universidad Metropolitana”.

“Ella no declaraba, no cotizaba seguridad social y de pronto apareció con ese patrimonio. Por eso se le endilga el delito de enriquecimiento ilícito particular porque consideramos que esos dineros son de la Universidad y los queremos recuperar para la institución”, señaló Arcila.

Llamó la atención sobre el hecho de que Carlos Jaller Raad e Ivonne Acosta “se encuentran prófugos de la justicia, salieron del país”, mientras las órdenes de captura contra ellos vence este 25 de febrero.

Por ello, recalcó, “si el proceso no camina con las órdenes de captura, menos caminará sin ellas”.

“No se ha hecho nada para materializar las órdenes para que (Jaller e Ivonne Acosta) respondan ante los jueces. Hemos formulado las solicitudes ante el Fiscal 17 Delegado para la Seguridad Ciudadana y no se ha tenido respuesta a dichas peticiones”, precisó.

A ello se suman, agregó, “las maniobras” ejercidas por los apoderados de Jaller e Ivonne Acosta para dilatar el proceso. 

Indicó que a Carlos Jaller se le endilga el delito de abuso de confianza calificado.

Adicionalmente, indicó, “el salió el 30 de junio de 2016 de la Universidad y el 3 de julio regresó e ingresó con otras personas a la Rectoría y retiró información y documentos en unas cajas. Al Jefe de Seguridad y miembros de vigilancia les solicitó que suspendieran la grabación de los circuitos de televisión y que les entregaran los celulares. Sin embargo, los videos siguieron grabando y están en poder de las autoridades”. 

Por eso, también se le endilgan los delitos de destrucción y supresión de elementos probatorios, así como el de daño informático por haber retirado los discos duros de 3 computadores de la Rectoría.

Y a Ivonne Acosta se le endilga los delitos de fraude procesal, falsedad en documento y concierto para delinquir, este último junto con Carlos Jaller Raad y Jorge Hernández Cassis.

El valor del presunto desfalco se calcula en $30 mil millones “sin contar lo del Hospital Metropolitano que es capítulo aparte”.

Según el apoderado de la Unimetro, en este proceso también se han dado hechos de corrupción judicial, que involucrarían a los jueces Rafael Uribe Henriquez y Alberto Oyaga Machado (ya retirado), al igual que el Fiscal Gustavo Orozco Pertúz.

Uribe Henriquez solicitó que le levanten la prohibición de ir a su lugar de trabajo para retomar las labores de Juez de Control de Garantías, mientras que el Fiscal Gustavo Orozco fue reincorporado a su cargo. Entre tanto, Alberto Oyaga Machado tiene sentencia condenatoria por prevaricato.

Para la época de los hechos, Carlos Jaller Raad se desempeñó como Rector de la Universidad Metropolitana e Ivonne Acosta como directiva y compañera de este.

Por su parte, Jorge Hernández fue asesor de la Rectoría; Manuel Raad Berrío fungió como abogado y secretario ad hoc del Consejo Directivo que eligió a Hernández Cassis como Rector y que pretendía registrar su nombramiento ante el Ministerio de Educación.

Entre tanto, Dorina Tapia Turizo era una allegada del entonces Rector Carlos Jaller Raad.